Aprobada en agosto de 2025, la Ley General de Licenciamiento Ambiental (LGLA) entrará en vigor en febrero de 2026 y promete modificar la forma en que se autorizan en el país las obras y actividades con impacto ambiental.

La nueva ley establece normas de transición para los procesos en curso y crea modelos simplificados de licenciamiento, como el Licenciamiento por Adhesión y Compromiso (LAC) y el Licenciamiento Ambiental Especial (LAE), orientados a la agilidad, pero que pueden reducir el análisis técnico y la participación social.

Entre las críticas, especialistas señalan el debilitamiento de la autonomía municipal, la limitación de la participación ciudadana y la ausencia de la agenda climática en el texto, lo que puede generar inseguridad jurídica y alejar a Brasil de sus compromisos ambientales internacionales.

La LGLA busca equilibrar el desarrollo y la protección ambiental, pero su eficacia dependerá de la forma en que sea aplicada, especialmente en el fortalecimiento de las gestiones locales.