Gran parte de las multas ambientales surge menos de conductas ilícitas y más de la falta de orientación adecuada. Contrariamente a lo que indica el sentido común, las sanciones no se limitan a episodios de gran devastación ambiental.
En la actividad cotidiana, las infracciones suelen derivarse de prácticas habituales que terminan incumpliendo la normativa, tales como:
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Disposición incorrecta de residuos;
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Licencias inexistentes o vencidas;
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Operaciones autorizadas realizadas fuera de los requisitos técnicos;
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Deficiencias en registros y respaldos ambientales.
El verdadero punto de atención no es la actividad empresarial en sí, sino la ausencia de una gestión ambiental integrada con el acompañamiento jurídico.
Una vez emitida la notificación, el impacto suele alcanzar tres frentes: costos, continuidad operativa e imagen institucional.
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